La crisis económica que atraviesa el país impacta de manera severa en todos los sectores, pero especialmente en la construcción. Francisco Anzola, integrante de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción del Chaco (Apymec Chaco), expuso la compleja situación que enfrentan las empresas constructoras en la región, que luchan por sobrevivir en medio de deudas y demoras en los pagos, la paralización de la obra pública y la falta de liquidez para obras privadas, por lo que resaltó la necesidad de encontrar soluciones urgentes para evitar el colapso del sector.
«Como en todas las cosas, uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. En una situación de crisis, lo importante es que se esté trabajando en tratar de resolver la situación», comentó Anzola en declaraciones a Radio Libertad.
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En este sentido, el referente del sector comentó que mantuvieron un reciente encuentro con el ministro de infraestructura de la provincia, Hugo Domínguez y otros funcionarios de la que también participaron la Cámara Argentina de la Construcción, el Centro Empresa Constructora junto con Apymec, con el objetivo de «mantener el equilibrio económico de los contratos» en lo que refiere a las obras públicas.
«La idea de la reunión fue ver cómo podíamos adaptar un sistema de redeterminación de precios que sea lo más justo para ambas partes y que demore el menor tiempo posible», explicó Anzola.
Y recordó que «nosotros nos estábamos rigiendo por un decreto 1295 de 2002, que estaba bastante desactualizado y que las redeterminaciones no avanzaban, no salen, hay redeterminaciones sin hacerse efectiva, de más de dos años. Entonces trajeron a la mesa el decreto nacional 490 de 2023, de necesidad y urgencia que se había implementado en el gobierno anterior, y querían ver todas las experiencias de las demás provincias como Córdoba y Santa Fe, con los pro y los contras de haber aplicado este decreto así como estaba», detalló y agregó que «es ver cómo podíamos adaptar un sistema de redeterminación de precios que sea lo más justo para ambas partes y que te demore el menor tiempo posible».
Para dimensionar el impacto de estos atrasos, el referente indicó que «un certificado de noviembre que era $10 millones, hoy tiene una capacidad de compra menor de 5, o sea, los certificados que nos debían del año pasado de la gestión anterior han sido pagados a valores históricos. Por darte un ejemplo, una empresa tenía una obra con precios de febrero de 2023 y el certificado lo cobró en marzo. El último certificado de cierre que tenía que haber cobrado en octubre. Eso significa que esa factura que vos hiciste el año pasado antes del 31 de diciembre y no la cobraste, tenés que pagar ganancias. La AFIP te está cobrando un 6,5% de interés mensual directo en la financiación. O sea, el mismo Estado que no nos cumple nos está apretando por todos lados».
Sin viviendas
Con respecto a los planes de viviendas, Anzola comentó que «los certificados de Casa Propia, Construir Futuro de, no se pagan desde noviembre. Seguimos en la misma situación, en Buenos Aires no hay con quién hablar, si bien el presidente del Ipduv está tratando de resolver esa situación, no tiene respuesta por parte de la Nación», indicó.
Tras lo cual opinó: «Creo que eso va a estar atado al DNU que está dando vueltas por diputados».
En cuanto a la posibilidad de avanzar en un plan de viviendas económicas, el referente consideró que «todo lo que se haga para construir es muy bueno. Hay que atender la necesidad social que hay y hay que buscar una alternativa, no tenemos mucho tiempo, la gente no tiene trabajo en la construcción, la construcción está parada, las empresas, los que hacen arquitectura, los que hacen vivienda son todas empresas pymes», destacó.
Al mismo tiempo desestimó las versiones de «falta de honestidad de las empresas constructoras que hacen obra pública. «Por ejemplo, este programa Casa Propia, nosotros invertimos nuestro dinero para hacer la casa, para hacer la obra, o sea, no tenemos anticipo, no es el dinero del Gobierno, nosotros pusimos nuestro dinero para construir, estamos sin cobrar desde noviembre nuestro dinero, los certificados de obra son controlados, la ejecución de la obra es controlada por inspectores del Instituto de Vivienda y además hay contratado una auditoría externa que controla lo que hacemos nosotros y lo que nos certifica nuestro inspector del instituto de vivienda, o sea, que los controles existen, los controles están, los precios son precios acotados, no existe sobreprecio en las obras de Casa Propia, al contrario, existen muchas sanciones hacia las empresas en ese programa, uno se atrasa en el plan de trabajo y ya lo congelan el valor del certificado», explicó.
«Las empresas somos los que llevamos la obra, los que tenemos contacto con la gente, los que pagamos los sueldos, llevamos los papelitos, hablamos con el inspector, sin dinero, ese es el mayor problema, sin dinero es muy difícil hacer las cosas”, aseveró.
Asimismo, comentó que las únicas obras que se están haciendo «son las terminaciones de infraestructura para entregar las viviendas que estaban terminadas o que estaban a punto de ser terminadas para entregarlas a la gente. Eso lo está haciendo el Instituto de Vivienda con algo de fondos que dispone, además la ayuda de Vialidad, Sameep, etcétera. Y así se están terminando las infraestructuras para darle casa con agua, luz y que puedan ser habitables», describió.
sobreviviendo
En este escenario, Anzola describió que «las empresas están peleando para mantenerse vivos. Si bien no están cerradas, están paradas sin hacer nada. Buscando alguna actividad que les permita sostener los mínimos gastos. La mayoría de los socios de Apymec se han quedado solos en las oficinas. Se redujo prácticamente todo el personal administrativo. Se llegó a un acuerdo, se resolvió la relación laboral y están los dueños de la empresa al frente de todo. Esperando que vuelva otra vez la construcción. Por lo menos sobrevivir», indicó.
No obstante esto, destacó «lo importante de todo esto es que nadie está quieto. Todos estamos trabajando en pos de encontrarle una salida a la situación».
En esta línea comentó la concreción de una reunión con los diputados provinciales de la Comisión de Obras Públicas, por un proyecto de ley para reducir el impuesto de ATP. Pero el impuesto de ATP en vivienda no nos afecta lo más mínimo porque la vivienda única o la vivienda social no paga renta», explicó.
Cuestionó también los gravámenes de la actividad: «No se habla de toda la carga que significa tener un obrero trabajando. La carga laboral que tienen las empresas constructoras es muy alta. De eso nadie habla y creo que por ahí tiene que venir un poco la mano», consideró.
«No digo que el obrero tiene que ganar poco. Lo que digo es que las cargas que se pagan por ese sueldo del obrero tienen que ser menores. Paraguay no llega al 30% de aporte y contribuciones que le paga el obrero, Brasil creo que está en el orden de los 50 y algo. Nosotros tenemos el 115% de aporte y contribuciones. Es una barbaridad. El obrero recibe de lo que nos sale a nosotros el 40%. Es una locura».
El NEA reportó una baja del 53,7% en marzo, cayendo más que durante la pandemia
El empleo registrado en el sector de la construcción se derrumbó un 20,6% en marzo en comparación al mismo mes de 2023 y exhibió su mayor caída desde agosto de 2021, durante la pandemia de coronavirus. En este marco, los descensos más fuertes en la región estuvieron en el Chaco (-62,0%) y Formosa (-65,5%). La posición de estas dos provincias como las de mayores caídas relativas interanuales se repite por sexto mes consecutivo.
El empleo en la construcción cayó a peores niveles que en la pandemia. Se desplomó un 20,6% en relación al mismo mes de 2023. El sector tiene actualmente 354.428 trabajadores, el número más bajo desde 2021, según un informe de la consultora Politikon Chaco.
De acuerdo a su informe, a nivel nacional, se contabilizaron 354.428 empleos registrados en la construcción, el menor volumen de empleo desde agosto de 2021. Esta cifra equivale, a una baja del 20,6% interanual, en el marco de cinco meses consecutivos de bajas interanuales.
En la peor caída teniendo en cuenta los últimos cuarenta meses. Para ver una peor hay que llevar a noviembre de 2020 en plena pandemia sin vacunas y con aislamiento obligatorio. El 20,6% de marzo de 2024 equivale a la pérdida de 91.929 empleos en relación con marzo de 2023.
La situación es igualmente negativa al observar la comparación mensual: se registró una baja del 2,1% respecto al mes anterior (febrero 2024) perdiendo así 7.672 empleos formales en el sector en solo ese mes y acumuló su séptimo descenso al hilo.
Al acumular estas siete bajas mensuales, desde septiembre 2023 a marzo 2024 desaparecieron 90.240 empleos formales en el sector de la construcción; y 67.811 se perdieron desde diciembre 2023 a marzo 2024 particularmente.
En cuanto al desagregado regional, la Patagonia mostró el declive más leve con una caída del 11,3%, oxigenada por el sector petrolero neuquino y la infraestructura en Vaca Muerta.