Tras la presentación que realizó ayer en fiscalía, el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, para constituirse como querellante en la causa penal que investiga el ciberataque al Poder Judicial de la provincia, como así también de impulsar una acción de amparo para que se abra un sumario administrativo que determine «cómo fue el ataque, de qué modo, si no se tomaron las previsiones del caso y si se tomaron, si realmente se hicieron los backups que debieron hacerse», las respuestas no tardaron en llegar por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, como también desde el gremio que nuclea a los trabajadores, la Unión Judicial, en defensa de las acciones realizadas por las autoridades.
Consideraron, a su vez, agraviantes estas expresiones públicas por poner un «manto de sospecha», sobre el accionar tanto de los jueces y funcionarios como del personal, destacando los esfuerzos que realizan diariamente para dar respuestas en este contexto.
defensa de magistrados
Desde la Asociación de Magistrados señalaron que «una vez producido el hecho, el STJ de modo inmediato transmitió la información detallada sobre la situación que se estaba transitando, al pueblo de la provincia, a las entidades que trabajan en el sistema judicial, como asimismo a la Junta Federal de Cortes y otros Organismos Nacionales», recordaron desde la entidad.
Tras lo cual entendieron que «hacer pública la situación, denota una actitud de trasparencia que apoyamos, y entendemos se corresponde con un Poder del Estado, que es el encargado de velar por la aplicación de normas, y la pacificación social. Pero es de reconocer, sin embargo, que esta actitud no fue la asumida por otras instituciones y estamentos de los estados provinciales o nacional que sufrieron ataques similares».
Asimismo indicaron que «a los efectos del esclarecimiento de los hechos, y más allá de las denuncias correspondientes, la máxima autoridad Judicial de la provincia debió contratar una empresa para que realizara pericias, lo que impuso una demora en los inicios de la recuperación de datos posibles, pero que resultan tiempos indispensables para llevar adelante las tareas diarias».
A su vez manifestaron que «juezas y jueces, funcionarias y funcionarios, y agentes judiciales, siendo operadores directos del sistema, son por tanto también perjudicadas y perjudicados por la situación, la cual afecta la labor diaria y obligará a redoblar esfuerzos en todos los fueros e instancias. Este ataque padecido, resulta ser una muestra de la vulnerabilidad en la que nos posiciona el siglo XXI y sus nuevas modalidades».
En este marco, entendieron que «resultan agraviantes algunas expresiones públicas, en las que no solo se despliega un manto de sospecha que trae aparejada una crisis de credibilidad en las prácticas judiciales, sino que también se pone en tela de juicio la permanente disponibilidad de la Magistratura, Funcionariado, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, como de todo el personal que acompaña, para intentar dar respuesta a los requerimientos, más que atendibles, con empatía y comprensión de las distintas situaciones planteadas».
«Para ello, y a fin de avanzar y colaborar con la excepcional situación, se han puesto a disposición de las oficinas, incluso bienes personales para preparar el trabajo y dar esas respuestas, hasta tanto todo ello pueda ser incorporado al sistema», explicaron.
Asimismo afirmaron: «Entendemos que es tiempo de buscar soluciones inmediatas, pero también sabemos que muy pronto se deberán repensar nuevas medidas en la continuidad de la digitalización y su consecuente protección de datos y tomar decisiones en las que estamos dispuestos a colaborar, como operadores directos de los sistemas informáticos en el trabajo diario».
Por último, instaron a «las autoridades políticas, para que esta situación absolutamente excepcional y perjudicial para el Poder Judicial, no dilate ni limite el diálogo y requerimiento permanente y constante de solución de problemas pendientes con este Poder del Estado, respetando su independencia y el rol que le cabe en el marco de la división de poderes del sistema republicano y democrático de Gobierno».
los trabajadores
Mientras que por su parte, desde la Unión Judicial remarcaron que «los trabajadores no somos responsables de los problemas generados por el ataque y no se puede decir que los juzgados estén a media máquina. Ante la caída de los sistemas informáticos las exigencias de las tareas aumentaron sobre todo en los juzgados más afectados y los trabajadores siempre estuvieron presentes, custodiando los intereses de justiciables, como la mayoría de los abogados del foro reconocen y no como simples cobradores de un sueldo».
Por esto, instaron a la reflexión de la sociedad en su conjunto, y solicitaron «la paciencia que el caso particular amerita, así como lo hacemos quienes prestamos el servicio de justicia, en el entendimiento de la grave situación de la que fue víctima el Poder Judicial y la sociedad en su conjunto».
La postura de abogados
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, Sergio Soucasse, en declaraciones a Ciudad TV, brindó detalles sobre estas acciones que encararon: «No pedimos un sumario hacia determinada persona, sino una instancia preliminar sumaria».
«Lo que queremos saber son las responsabilidades y si se hicieron los resguardos debidos de semejante ataque ante la tamaña envergadura poniendo en jaque todo el sistema judicial de la provincia», explicó y seguidamente ejemplificó que en el caso del Fuero Penal: «El Sigi fue resguardado en su totalidad y ya está operando desde el día el martes con total normalidad. En ese caso hubo previsión».
«La acción de amparo es para que se abra el sumario, porque el Superior Tribunal nos contestó que no hay sumario al respecto», precisó el referente de los letrados.
Soucasse reconoció que «es imposible tener un resguardo del 100% porque estas personas tienen todo el aparato informático como para poder acceder, nadie está exento. El tema es que ante este ciberataque si realmente se han tomado las previsiones de los resguardos necesarios».
«Aunque ya nos han manifestado de que se han rescatado la mayor parte de los expedientes digitales, eventualmente reconstruir para determinados estudios y determinados justiciables, va a traer un retroceso y por lo cual, obviamente, un retardo de justicia», sostuvo.
Además indicó a que «tenemos la obligación de representar a los colegas que están reclamando y a la sociedad que necesita respuestas».
«Si bien nosotros creemos en la buena fe de los ministros del Poder Judicial, sobre todo de Emilia Valle, pero entendemos que la respuesta fue muy escasa no solo para los colegas que reclaman este sumario administrativo que no existe según expresaron, por qué no hacerlo si ocurre algo en cualquier organismo lo primero que se hace es una instrucción administrativa, esto no es para perseguir a nadie, es para clarificar el daño que se ha hecho al poder judicial», explicó.
Cómo sigue el restablecimiento de los servicios
Mientras que el Poder Judicial anunció por su parte que el restablecimiento empezó el martes 8 con el Sigi Profesional, siguió el 9 con la habilitación de correo oficial interno y a partir de hoy volverá a estar en funcionamiento el sitio web www.justiciachaco.gov.ar.
En los tres casos, la recuperación de la base de datos se realizó en virtud de los archivos de backup y la asistencia brindada por la empresa Veaam que fue contratada en diciembre de 2020, con licencia vigente a la fecha. Por otra parte, durante todo este tiempo, más allá de las limitaciones impuestas por la contingencia, el Poder Judicial continuó funcionando para garantizar su rol como poder del Estado y el acceso a justicia de la ciudadanía.
El Sigi fue habilitado el 31 de enero de manera interna y sin pérdida de información. Mientras que la versión Sigi Profesional estará disponible para la consulta de expedientes penales por parte de abogados y abogadas en toda la provincia. Asimismo, desde el 1 de febrero, se habilitó Lex Doctor en todos los fueros donde se utilizaba, con bases de datos recuperadas a enero de 2022.
La página web estará centrada en los siguientes servicios: Listas de Despacho, Consulta de Saldos de Cuentas Bancarias, Consulta de Pagos Judiciales, Registro Digital de Asistencia, entre otros. También desde el 9, se repondrán los demás servicios que funcionaban dentro de ella, tales como: Registro Digital de Sentencias, Sistema de Gestión de Incidente Técnico, Sistema de Gestión de la Dirección General de Personal, Sistema Total Doc, entre otros.
El correo electrónico estará habilitado, en principio, como servicio de mensajería interna, las demás funcionalidades serán restituidas luego de un monitoreo de aproximadamente siete días.
Auspiciosos trabajos sobre IURE
Por otra parte, con el trabajo coordinado de la empresa Veaam y la Dirección de Tecnologías de la Información fue posible recuperar dos bases de datos del Sistema Iure de gestión de expedientes civiles y comerciales. Una completa a septiembre de 2021 y otra, parcial, a enero de este año.
En forma complementaria se recuperaron las bases de datos del Sistema de Control de Trámites y Notificaciones y del Sistema Indi a enero de 2022.
Actualmente, la DTI, trabaja en compatibilizar y hacer consistentes ambas bases de datos para minimizar eventuales faltantes de documentos o archivos de los organismos jurisdiccionales y reducir todo lo posible las tareas de reconstrucción.
Analizan restablecer
términos y audiencias
Finalmente, en virtud de lo informado, el Superior Tribunal de Justicia analiza la posibilidad de restablecer términos y audiencias antes de la fecha originalmente prevista para el 13 en los fueros Penal, Laboral, Contencioso Administrativo y Niñez, Adolescencia y Familia.