El accionar de una fiscal fue denunciado en Sáenz Peña y el motivo no es pequeño: quieren que explique por qué decidió que una pequeña víctima de abuso sexual regrese al mismo lugar donde sufría ese ultraje.
Según el escrito, Lupi es responsable de actos presumiblemente delictivos en calidad de autora, configurando un incumplimiento de sus deberes funcionales, por la revinculación de una niña con su madre y la pareja, quienes fueron denunciados por abuso sexual.
En la postura del abogado, la magistrada violó diversos dispositivos legales, generando actos «insanablemente nulos» dentro del proceso penal.
Según el letrado, la fiscal se arrogó funciones y competencias que no le corresponden, «perdiendo la objetividad necesaria» que debe regir su accionar.
EL CASO
El caso tiene su origen el 8 de agosto de 2023, cuando una mujer (abuela paterna) presentó una denuncia relatando hechos presuntamente delictivos que involucran a su nieta de seis años.
La niña habría sido víctima de abuso sexual por parte de la pareja de su madre.
A raíz de la denuncia, se inició un expediente por el que se tomaron testimoniales a la denunciante y al padre de la menor.
Posteriormente, se ordenó la declaración testimonial de la madre de la menor y la de la propia niña, la cual se cumplimentó en Cámara Gesell en septiembre de 2023.
El 5 de diciembre del año pasado se ordenó la detención de la madre y de su pareja por la presunta comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal. Ambos fueron citados a declarar como imputados, pero optaron por abstenerse de declarar.
El 13 de marzo de 2024, pese a que no había cambiado la situación de la investigación -según Arreguin-, la fiscal dictó una resolución para revincular a la menor con su madre, lo que provocó controversia.
Esta resolución fue vista como constitutiva de delito por el abogado, quien argumentó que Lupi había dictado resoluciones «contrarias a la ley» y había incumplido sus obligaciones, configurando el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Arreguín argumentó que la medida de revinculación no solo generó zozobra y desconfianza en sus mandantes, sino que también «puso en riesgo a la menor al obligarla a estar en contacto con su madre, quien seguía imputada del delito investigado».
La situación se agravó, consideró, cuando el entonces querellante particular presentó su renuncia indeclinable el 19 de marzo de 2024, dejándolos sin representación legal.