El especialista en la lucha contra el crimen organizado y los delitos complejos, Edgardo Buscaglia, en diálogo con Radio Unne, brindó su análisis sobre esta problemática en el país, y aseguró la existencia de una delincuencia organizada integrada por políticos y empresarios.
Alertó sobre la posibilidad de que los niveles de violencia que se ven en Rosario lleguen a otros territorios nacionales como Santiago del Estero, Formosa, el Chaco y Corrientes.
Rosario es señalada por especialistas como un punto neurálgico para la operación del narcotráfico internacional en el país, por la estratégica posición de la hidrovía Paraná-Paraguay y el cruce de las principales autopistas del país. Hay coincidencias en señalar que la complicidad política y judicial convergen con los débiles controles aduaneros en uno de los complejos portuarios más importantes de la región, por donde sale el 80% de las exportaciones del país.
Radio Unne dialogó con Edgardo Buscaglia, académico especializado y asesor internacional en la aplicación de acciones en 119 países para combatir el crimen organizado y los delitos complejos. Alertó que hay una «red criminal mafiosa» que se encuentra en extensión también en el norte del país: «Lo que está enfrentando Argentina es delincuencia organizada transnacional. Están formadas por políticos, empresas legalmente constituidas y con fachadas de sociedad civil».
En lo que va de 2024, Rosario suma más de 30 asesinatos vinculados a redes de narcotráfico y se estima que su tasa de homicidios cuadruplica la media nacional. La lucha entre bandas por el control del comercio ilegal de drogas en la ciudad y las amenazas contra funcionarios del Estado provincial ha generado días de parálisis total de servicios educativos y de transporte, exponiendo a la ciudadanía a un virtual «estado de sitio».
Buscaglia es miembro fundador de la Organización Save Democracy para la promoción del fortalecimiento institucional en pos de la consolidación de las democracias en las Américas, y sostuvo que el combate de las fuerzas de seguridad contra bandas criminales locales es insuficiente para abordar la problemática de la escalada de violencia y actos delictivos que enfrenta Rosario. El especialista los denomina «Obreros de la calle», y advirtió que «ir solo contra ellos y sus capataces no va a solucionar este problema que viene desde la cúpula política y empresarial».
En este sentido, sostuvo que «la Argentina no ha diagnosticado adecuadamente su problema criminológico. Nos estamos refiriendo a una red criminal que incluye a pedazos del Estado; así como al sector privado legal, a través de empresas de construcción, negocios inmobiliarios y vinculado a negocios agropecuarios».
Además, comparó la actualidad del país con fenómenos de similares antecedentes en Italia y consideró que nuestro país está camino a una «mexicanización», debido al avance de la delincuencia organizada, que incluye también tráfico de armas y personas.
El académico Senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia en New York sostuvo al aire de la 99.7 que hay evidencias de causas judiciales que indican que «en el mercado político argentino hay infiltraciones de crimen organizado trasnacional» y denunció un «pacto de impunidad» por parte de funcionarios públicos que resultan una «amenaza para la democracia», tal y como ya sucede actualmente en Colombia.
«La delincuencia organizada ocupa el tejido social, brindando servicios de asistencia y protección que el Estado no da adecuadamente», expresó el analista y aseguró que la crisis económica aceleró en las últimas décadas el avance territorial de los cabecillas del narcotráfico en sectores populares.
«Los obreros de la calle son los que se ven detenidos todos los días, a ellos se los puede reemplazar en cinco minutos. Pero así no se va a poder resolver este problema mal diagnosticado», aseveró.
Delitos complejos y corrupción
Analizando el caso de Rosario, explicó que para comprender la dimensión de la configuración de delitos hay que comprender que «la droga es un medio, no un fin». Al tráfico de cocaína y de cerca de 50 tipo de opiáceos se le deben sumar el de alcohol, armas, fármacos adulterados, y delitos de lesa humanidad como tráfico de migrantes y trata de personas con fines de explotación sexual. Todos atravesados por un último fin: el lavado de activos.
Sostuvo que en la circulación de dinero por crimen organizado a escala internacional el narcotráfico representa sólo entre un 20% y 40% de la acumulación de recursos.
«La delincuencia organizada se ha diversificado, se han globalizado mafias mexicanas, albanesas, chinas y brasileras presentes en el territorio argentino. Todo comienza con la compra de políticos locales; y no existe un pacto de Estado y entre las fuerzas políticas para aplicar controles jurídicos y fiscales. Hay una ausencia de coordinación entre instituciones provinciales y federales, y con los demás países de la región», explicó en conversaciones con el matutino «Ciudad Invisible».
Buscaglia expuso que la Argentina no cumple con las acciones antimafias contempladas en la Convención Internacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una legislación internacional, sancionada en nuestro país a través de la Ley 26632 en 2002.
Se trata de un instrumento originado desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos complejos.
«La Argentina está enfrentando una delincuencia organizada trasnacional en dónde no existen instituciones para compartir el dinero sucio. Por ley se deberían poner en marcha 45, de las cuales en el país no se aplican 43», sostuvo y advirtió que estas redes de crimen organizado internacional con gran poder económico ya controlan las rutas de tránsito, tanto terrestres como fluviales, para el contrabando de diferentes tipos de bienes y servicios ante débiles controles aduaneros por parte del Estado y tras la histórica concesión privada en la gestión de la infraestructura portuaria en el país.
«En el camino van corrompiendo las distintas capas del poder: el político, el judicial o el policial», que se hace posible porque la Argentina no articula una estrategia antimafia efectiva: «No hay órganos de inteligencia democráticos, sujetos a jueces de control que aporten insumos de inteligencia militar o civil que sirvan a las causas que están investigando los fiscales», y señaló la falta de investigaciones financieras de carácter federal y la incapacidad judicial de avanzar el procesamiento penal contra el crimen organizado.
Por otra parte, Buscaglia aseguró que en el país la situación es crítica, al no existir una relación entre los órganos de control y que la experiencia indica que «si no se generan insumos para que un fiscal pueda abrir una línea de investigación y generar pruebas nunca vas a poder infiltrarte en estas redes criminales formadas por políticos y empresarios», ya que se trata de «dinero sucio que es colocado en campañas políticas» y remarcó la importancia de que se implementen auditorías en las candidaturas electorales.
«La clase política se resiste a tomar medidas de limpieza de dinero sucio en el ámbito político-empresarial porque de ahí sale el dinero para la campaña. Eso no quiere decir que todos los políticos sean mafiosos, para nada. Son cobardes», aseveró el asesor internacional y ratificó que los niveles de violencia que se ven en Rosario se van a expandir a otros territorios del país donde el crimen organizado ya está penetrando por motivos geográficos, como ser Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Corrientes.