La Red Argentina para el Desarme envió días atrás una nota a la Cámara de Diputados de la Nación, expresando sus observaciones al proyecto de ley de «Regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego», presentado por el Poder Ejecutivo nacional y que comenzó a ser tratado este miércoles en un plenario de comisiones.
La Red Argentina para el Desarme agrupa desde hace 20 años a diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática de las armas de fuego y en prevención y control de la violencia con uso de armas.
SOBRE EL PROYECTO
El proyecto incorpora un procedimiento de regularización para quienes tengan armas de fuego en forma ilegal, quienes tendrán 360 días (prorrogables por igual plazo) para presentarse ante la ANMaC y solicitar una autorización. Mientras dure el trámite, conservarían el arma de fuego en su poder. Quienes se acojan al plan, ya sean personas humanas o empresas, no podrán ser perseguidas penalmente por la tenencia ilegal previa
En paralelo, propone la prórroga por cuatro años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF), una decisión correcta y necesaria, que debiera ser aprobada -en forma urgente e inmediata- en un texto autónomo, ya que es la extensión de un plan ya existente.
LOS RIESGOS DE LA SUPUESTA «OPCIÓN» ENTRE LA REGULARIZACIÓN Y LA DESTRUCCIÓN
«Desde hace años denunciamos la falta de control del Estado, que se traduce en una enorme cantidad de armas de fuego y usuarios en situación ilegal. Sin embargo, la «regularización», lejos de ser una solución, puede profundizar el problema, si no se realiza como último recurso en el marco de un plan integral de reducción del circulante de armas de fuego y de control efectivo sobre las que permanezcan en circulación», indicaron desde la organización.
«La opción entre la tenencia legal del arma o la entrega voluntaria para destrucción es falaz y peligrosa. Según su ley orgánica, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) tiene dentro de sus objetivos reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada», señalaron.
«Esta decisión responde a un consenso sobre el riesgo que implican las armas de fuego, sean o no legales. Las armas legales también matan. Las armas de fuego no se usan sólo en contextos de inseguridad. Tres de cada cuatro homicidios dolosos producidos en Argentina en 2021 se registraron sin concurrencia de otros delitos. Alrededor del 50% de los homicidios dolosos con armas de fuego son cometidos en conflictos interpersonales: peleas entre vecinos, familiares, o femicidios. Menos de una de cada 10 de esas muertes son en contextos de defensa. Y más de la mitad de las muertes con armas de fuego no son por una agresión, sino por suicidios, accidentes u otros tipos de intención», detallaron.
Además, los países que facilitan el acceso legal a armas de fuego tienen mayores niveles de violencia y delito. «En Estados Unidos, la tasa de homicidios por armas de fuego es 18 veces mayor a la de otros países desarrollados. Múltiples estudios muestran que el fácil acceso a armas de fuego contribuye a aumentar las tasas de homicidios», aseguran.
PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA REGULARIZACIÓN PREVISTA POR EL PROYECTO
Equipara la regularización y la entrega del arma, en vez de establecer que quienes soliciten la regularización sean obligatoriamente informados sobre la posibilidad del desarme.
Puede llevar al colapso del sistema y una legalización masiva «de hecho» de solicitudes que nunca lleguen a ser revisadas. La falta de límites y restricciones hace que millones de armas puedan ser objeto de regularización, sin que la ANMaC cuente con capacidad de procesar esas solicitudes. La ley incluso habilitaría a empresas de seguridad o armerías.
No se solicita información sobre el origen del arma, perdiendo la oportunidad de generar información criminal sobre el mercado ilegal de armas de fuego.
En caso de rechazo, el solicitante puede transferir el arma a un usuario autorizado, en vez de establecer la destrucción del arma.
El plazo es innecesariamente extenso. Los dos años que prevé el proyecto para que las personas puedan solicitar la regularización facilita la generación de un mercado ilegal, que permita que fabricantes o comerciantes vendan armas de fuego en forma irregular, a sabiendas de que el comprador podrá legalizarla a través de la regularización.
No se establecen medidas para prevenir las violencias de género con armas de fuego. Pese a que uno de cada cuatro femicidios son cometidos con armas de fuego, el proyecto desaprovecha la oportunidad de establecer medidas para la prevención de esas violencias. La ANMaC suspendió recientemente una de esas medidas, y los controles vigentes no son capaces de restringir el acceso a personas sospechadas de haber ejercido violencia de género.
No se fortalece la política criminal y de persecución penal del mercado ilegal de armas. El Congreso podría crear una Procuraduría Especializada en Armas de Fuego (PROCUARM), potenciando las capacidades de la actual Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Nación para llevar adelante una política de persecución penal del mercado ilegal de armas.
Por todo lo expuesto, la Red Argentina para el Desarme solicitó a diputados de la Nación que:
Den tratamiento en forma autónoma e inmediata a los proyectos de prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF).
Convoquen a la sociedad civil especializada en la materia a participar de una reunión informativa.
