Tras la aplicación de nuevo incremento en las tarifas de peaje en rutas nacionales, autorizado por el gobierno nacional, el Defensor del Pueblo de la provincia, Bernardo Voloj, en diálogo con La Voz del Chaco recordó que en la provincia existe un fallo judicial que ordena la suspensión de un incremento previo, que es ignorado y desoído tanto por la concesionaria como el ejecutivo nacional. Ante esto el referente explicó que ampliarán la presentación judicial para incluir la nueva tarifa al tiempo que pedirán las sanciones correspondientes por desconocer la orden de la justicia.
«No entendemos el porqué de esta reticencia, más allá de la apelación que puedan hacer. Vamos a solicitar que se apliquen las astreintes correspondientes por el incumplimiento de una manda judicial,» advirtió Voloj.
Incrementos
El incremento en las tarifas de peaje, que pasó de 900 a 1000 pesos para la categoría de vehículos, ha sido autorizado recientemente por el gobierno nacional, a pesar de una medida cautelar emitida por el Juzgado Civil y Comercial 21. Esta medida judicial, que data del 31 de mayo, había ordenado la suspensión del aumento anterior del 200% en el valor del peaje, que llevó la tarifa de 300 a 900 pesos.
El Ombudsman recordó el proceso: «La Asociación de Consumidores Unidos del Chaco, CUCHA, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, realizamos una presentación judicial, un amparo y una medida cautelar, donde solicitamos la suspensión de los incrementos del peaje, porque entendíamos que no se cumplieron dos pasos básicos», recordó el ombudsman provincial
Voloj destacó dos puntos fundamentales que, según él, no fueron respetados. «La primera, un proceso de audiencia pública, que es un requisito indispensable para cualquier incremento que se quiera hacer sobre un servicio público», afirmó.
“Eso no se viene haciendo hace un tiempo, pese a que para el caso de peajes incluso está establecido cómo debe darse la audiencia pública, por el contrario, la concesionaria, que es Corredores Viales, estableció una suerte de consulta ciudadana web, que es cualquier cosa menos una audiencia pública”, señaló la primera irregularidad cuestionada en el proceso de incremento.
Además, mencionó la falta de un plan de obras que justifique el uso de los fondos recaudados por los peajes, destacando las deficiencias en la infraestructura vial de la región.
“Nosotros habíamos pedido que se establezca un plan de obra para, de alguna manera, saber, rendir cuenta de todos los fondos que se recaudan, qué tipo de planes va a haber para los tramos chaqueños, para mejorar la infraestructura vial, para lograr, de alguna manera, cuestiones de mantenimiento, mejoras necesarias, iluminación, seguridad, sobre todo la Autovía 16, que presenta tramos en deficiente estado”, indicó.
“Como eso no pasó, con muy buen criterio, el Juzgado Civil y Comercial 21 dio lugar a la medida cautelar, que lo que hizo fue suspender los efectos de la aplicación de una resolución de abril del 2024, que incrementó 200% el valor del peaje, para el caso del automóvil, que pasó de 300 a 900 pesos. Esta medida, este fallo judicial que salió el día 31 de mayo, al momento transcurrió casi un mes, no ha sido cumplido por la parte demandada, Corredores Viales, Vialidad Nacional, etc. No entendemos el porqué, más allá de la apelación a la defensa que ellos hagan, la medida judicial tiene un efecto suspensivo, es decir, suspende hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que en este caso sería el amparo”, describió.
Pasos a seguir
Ante el nuevo incremento, Voloj explicó el procedimiento a seguir: “lo que nosotros estamos haciendo es ampliar la medida cautelar, para que también se considere y se contemple a este nuevo incremento, que lleva la tarifa de 900 a 1000 para la categoría vehículos, y todavía mucho mayor para las otras categorías. Y si la parte demandada sigue con esta reticencia, incumpliendo una sentencia, una manda judicial, bueno, vamos a solicitar que se apliquen las astreintes correspondientes, porque entendemos que acá lo que se está bregando es por el derecho de los usuarios y consumidores chaqueños, en algo básico y clave, que es tener rutas en buen estado, que puedan ser escuchados, que todo lo que se haga sea transparente, y que a nuestro entender, esto no estaría siendo cumplido”, consideró.
Común denominador
Al ser consultado sobre el desacato judicial, Voloj reflexionó: “es algo bastante común que está pasando. A nivel nacional hay una medida judicial de un juez federal contra el Ministerio de Capital Humano para que distribuyan alimentos, entre ellos los alimentos que no se les está entregando a las comunidades indígenas de El Impenetrable y el Interfluvio, y sin embargo no lo hacen. Así que parece ser como una suerte de común denominador esto de incumplir los fallos judiciales”, señaló.
Y seguidamente diferenció: “ nosotros estamos a favor de que la parte demandada presente su derecho a defensa, que apele la medida, que presente todo lo que ellos entiendan, pero acá la medida cautelar tiene efecto suspensivo. Es decir, lo que se hace es suspender el incremento que se pone el valor a abril del año 24, que es de 300 pesos”, reiteró. Al tiempo que aclaró: “ es solamente para la categoría de vehículos, no entran las otras categorías de automóviles, y solamente rige para la provincia del Chaco, es decir, no tiene alcance federal a otros tramos concesionados”.
No obstante esto, el defensor del Pueblo reconoció: “nos parece bastante extraño es que con esta sentencia estén en esta suerte de desobediencia, de incumplimiento, que esperamos que lo puedan solucionar, que el valor vuelva a abril del 24, y que se haga la audiencia pública, que se haga el plan de obra previsto. Nosotros no cuestionamos en sí el valor del incremento, que ha sido significativo, sino que no se haya garantizado el acceso a la información y la participación ciudadana de los usuarios y consumidores chaqueños de Ruta”, diferenció.
Pobreza energética
Por otra parte, este organismo junto a sus pares regionales se encuentran realizando gestiones ante el incremento de las tarifas energéticas. Ante esto Voloj describió: “Nos reunimos hace dos semanas con el secretario de Energía, el doctor Rodríguez Chirilo y todo su equipo técnico, donde planteamos las distintas Defensorías del Pueblo del país, el estado de mucha preocupación que vienen con estos incrementos totalmente desproporcionados para la energía, en nuestro caso la energía eléctrica”, y en esta línea advirtió: “de seguir este escenario vamos a poner en una situación de pobreza energética a la gente, porque cuando como usuario se destina más del 25% de los ingresos solo para pagar una factura de luz, es que estás en una situación de pobreza eléctrica o energética, entendemos que el sistema se va a terminar desfinanciado porque la gente literalmente no va a tener forma de pagar la luz y verá qué hacer”, consideró el Ombudsman.
“Entonces lo que nosotros planteamos desde nuestra provincia, primero que no se suspenda el tope a los subsidios, que se los siga manteniendo, pedimos también que se dé una mirada especial, así como existe la zona fría para el gas, que acá en la época de verano podamos tener una especie de zonas cálidas, ya sea con un valor diferencial o con un subsidio determinado”, describió las demandas
“Hemos pedido también que se aclare un poco la situación de la deuda de Camesa, si es que esto impacta o no efectivamente en el valor que después nosotros pagamos, recordamos que nosotros como usuarios no le pagamos a Camesa , pagamos a la empresa Secheep. Lo que nos plantearon desde la Secretaría de Energía fue que la deuda de Camesa nada tiene que ver con este aumento, entonces también nosotros le hemos pedido ahí como una mirada especial para la provincia”,
Asimismo añadió los pedidos realizados en este sentido a la provincia: “hemos pedido una serie de medidas, hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta, esperamos que sí, que básicamente es que se amplíe la tarifa social a nivel provincial, entendiendo que el universo de personas que deberían acudir a una tarifa social es cada vez más amplio por esta gravísima situación económica que vivimos, que se establezca un plan de segmentación provincial, que aquella persona que cobra una beca o una pensión por discapacidad, un jubilado, un pensionado, alguien que tenga la mínima, un desocupado que no tiene ingresos en este momento, no esté en condiciones de pagar una factura de seis cifras, como es lo que está pasando, hemos pedido que los avisos de corte de 30 días pasen a 90 días, justamente para que la gente vea de dónde juntar plata, que no se le corte el servicio a los electores dependientes, que haya una mirada especial, a clubes y asociaciones barriales”, enumeró las demandas.”Esperamos que algunos de estos puntos puedan ser tomados a nivel provincial, sabemos que la situación económica es muy compleja, sabemos que a nivel nacional se toman medidas sin tener en cuenta las realidades provinciales, en este caso el sistema eléctrico, pero bueno, vamos a seguir gestionando, por lo menos que alguna de todos los solicitados y de los pedidos pueda darse en beneficio de, en este caso, usuarios del servicio de energía eléctrica.