El testimonio del Gobernador Jorge Capitanich desarticuló la hipótesis de direccionamiento de obras y descartó responsabilidad alguna de Cristina Kirchner. Bajo juramento dijo que nunca recibió “instrucción alguna de la Presidenta de la República” para modificar partidas; que el presupuesto pasa por numerosas instancias de control internas y externas, incluido el Congreso Nacional y que “no hay ningún vínculo directo con ningún contratista”, ya que todas las obras presupuestadas deben ser licitadas.
El funcionario, convocado por la defensa de CFK, aportó su experiencia como exjefe de Gabinete de Ministros; exsenador Nacional; expresidente de la Comisión de Presupuesto; exintegrante de la Comisión revisora de cuentas y en base a su conocimiento profesional como Contador Público.
Capitanich explicó que la ley de administración financiera establece el mecanismo a seguir y que el rol del jefe de Gabinete es coordinar el proceso de formulación presupuestaria en base a las previsiones de “recaudación, gastos, fuentes de financiamiento y las principales variables macroeconómicas”.
El argumento central de las defensas es que no pudo haber direccionamiento de partidas de dinero a favor de un empresario y/o de una provincia en particular ya que todas las obras investigadas en esta causa estaban fijadas en los presupuestos nacionales, que fueron aprobados por ambas cámaras del Congreso y pasaron por numerosos contralores.
En este sentido, el gobernador de Chaco explicó que la denominada ley de leyes se elabora con la participación de la “Oficina de Presupuesto, del secretario de Gestión Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Hacienda”. Y detalló que le iniciativa pasa por un complejo “proceso de control” interno, por parte de la Sigen y externo, con de la Auditoría General de la Nación, que “está en manos de la oposición política”. Hay una “participación de múltiples sectores”, afirmó.
Santa Cruz
Capitanich negó enfáticamente que se haya favorecido a Santa Cruz o a otra provincia en forma discrecional. Para la acusación no se justificaba la cantidad de obras asignadas a esa provincia por la baja cantidad de habitantes. Sin embargo, el exjefe de Gabinete explicó que “la distribución geográfica de partidas puede definirse por innumerables cuestiones” y que “cuando se plantea distribución de partidas asimétrica no necesariamente tiene que guardar cuestiones de proporcionalidad. Es para reparar inequidades a través del diseño de políticas públicas”. Y afirmó que “no hay ninguna norma que indique cuántas partidas hay que designar a cada jurisdicción”, lo que significó un golpe al corazón de la denuncia.
“¿Tiene conocimiento de que se le hayan asignado a Santa Cruz montos para obras viales desproporcionados?”, preguntó Beraldi. “La Provincia de Santa Cruz podía disponer de partidas presupuestarias de acuerdo a un plan de inversión del Gobierno Nacional. No advierto de ningún modo una parcialidad manifiesta con el objeto de que sea beneficiada por fuera del plan estratégico de política pública nacional”, aseguró Capitanich.
Respecto de la presunta responsabilidad de Cristina Kirchner, Julio De vido u otro de los funcionarios imputados, el contador aseguró que “es un exceso” pensar que la ejecución o no de una obra dependa de un solo funcionario.
Sobreprecios
También Capitanich fue consultado por cómo se estipulan los valores de una obra. “El precio de referencia para la ejecución de una obra no es homogéneo”, dijo. Este elemento será utilizado por las defensas para demostrar que la pericia oficial, basada en valores fijos de la revista El Constructor, está mal hecha y no hubo sobreprecios.
Ampliación de partidas
Otro de los ejes acusatorias afirma que los presuntos beneficios a Lázaro Báez se canalizaron a través de las ampliaciones presupuestarias. Sin embargo, Capitanich -como ya declararon en este juicio Juan Manuel Abal Medina y Carlos Zanini- explicó que las ampliaciones de partidas son algo “habitual” y se realizan vía DNU que luego debe ser refrendado por el Congreso. Según explicó, el mecanismo “sirve para incrementar los recursos si hay una jurisdicción que tiene excedente de recursos y se traslada a otra que lo necesita. Eso ocurre siempre (…) y siempre existe un control del Congreso que finiquita el proceso de un DNU”, dijo. Y agregó que las partidas para obras pueden modificarse por numerosas cuestiones: “insumos, factores climáticos, cuestiones operativas, etc”
Además, especificó que la Oficina Nacional de Presupuesto junto a la Secretaría de Evaluación Presupuestaria son las que evalúan y aprueban las modificaciones de partidas.
“¿Recibió órdenes de Cristina Kirchner para direccionar partidas a favor de Santa Cruz?” “Nunca he recibido una instrucción en tal sentido por parte de la presidenta de la república”, afirmó “Coky”. Y explicó que todos los decretos de redistribución de partidas durante su gestión fueron “remitidos al Congreso, tratados por la Bicameral y declarados válidos por la Cámara de Diputados, sin injerencia del presidente de la República”.
Ejecución de obras
y control opositor
Para la Fiscalía no solo hubo direccionamiento, sino que además las obras no fueron ejecutadas en tiempo y forma por parte de Austral. Sobre este punto, el gobernador de Chaco detalló que existen en la ley de Presupuesto las planillas anexas de obras. Allí está la “identificación de cada obra, partida presupuestaria y plazos de ejecución”, por lo que, dijo, “nadie puede alegar su propia torpeza. Los datos están ahí”. En clara alusión a la posibilidad de control que tiene la oposición dentro del Poder Legislativo. “En este caso han sido aprobadas todas las cuentas de inversión en el Congreso”, afirmó.
CFK
El fiscal Diego Luciani buscó específicamente -y sin éxito- algún elemento que comprometa a Cristina Kirchner en las presuntas maniobras. Capitanich explicó que “la presidenta hace una evaluación del Presupuesto en términos de carácter genérico”. “¿Le consta que la presidenta se reuniera con los ministros para delinear el Presupuesto?”, interrogó Luciani. Con gesto de incredulidad ante la pregunta, Capitanich respondió: “Esa es la función del presidente. Tiene que reunirse con sus ministros para delinear las políticas públicas. Las especificaciones técnicas luego se trabajan con los funcionarios especialistas de cada área. El trabajo es muy fuerte y hay constante interacción con la presidenta de la Nación”.
Luego, ante otra de las consultas del Ministerio Público sobre presuntos beneficios a Lázaro Báez, el excoordinador de Ministros aseveró: “No hay ningún vínculo directo con ningún contratista. Si se asigna una partida para una obra, esa obra tiene que ser licitada. Y sin la asignación de partidas no se puede licitar (…) Observo que no hay una interpretación adecuada de cómo funciona esto”, lanzó.