La legisladora del Frente Grande, Teresa Cubells, entrevistada por LA VOZ DEL CHACO, expresó sus críticas a la relación que expresan los gobiernos nacional y proviciales, señalando que se ha vuelto notablemente perjudicial para el bienestar de los ciudadanos y la capacidad de los estados locales para gestionar sus propios asuntos.
Criticó la eliminación de subsidios y recursos esenciales para poblaciones vulnerables de los presupuestos públicos y calificó las iniciativas de desregulación y reforma del Estado impulsadas por el presidente Javier Milei como un grave error.
Tales reformas, argumentó, no sólo ignoran las realidades locales, sino que también socavan la capacidad de las provincias para autogestionarse y tomar decisiones que beneficien a sus comunidades.
-¿Cuál es su evaluación general sobre el tratamiento de proyectos en la Cámara?
-La Legislatura inició una nueva etapa este año, donde, en principio, no hay mayorías, y eso debería conducir a la búsqueda de mayores acuerdos y podría ser positivo.
Pero, lamentablemente, la representación del CER, que ingresó en nuestras listas del Frente Chaqueño, tiene un acuerdo con la UCR y genera una mayoría automática que dificulta la apertura al diálogo y una agenda de consensos.
-¿Cuáles son los principales desafíos que ha enfrentado?
-En este momento, esa situación que te comentaba previamente ha interferido en el comportamiento del oficialismo y ha violentado en forma sucesiva el reglamento. Hay una tensión ahí que se manifiesta de diversos modos, a veces hasta en el intento de restringir derechos legislativos.
Uno de los desafíos enfrentados, mal resuelto, fue el tema del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Muy mal resuelto porque se hizo a espaldas de los sectores involucrados, en especial de quienes defienden el ambiente y los pueblos indígenas. Hoy tenemos desafíos importantes, por ejemplo, la emergencia en materia de salud, educación, la situación de las tarifas de servicios públicos, la cuestión presupuestaria en general y en particular de las áreas que deben enfrentar temas como los derechos de las mujeres y disidencias.
-¿Qué proyecto considera emblemático?
-Emblemático, cuando toman la decisión de violar la representación del Frente Chaqueño en el Consejo de la Magistratura, legitimada con un fallo absurdo del Superior Tribunal de Justicia. No es posible que la segunda minoría provincial haya quedado sin representación en el órgano de designación y control de jueces por un acuerdo entre Zdero y Gustavo Martínez.
-¿Qué logros destaca de su actividad legislativa?
-La Legislatura chaqueña tiene una larga tradición en materia de derechos humanos, en ese sentido, nosotres impulsamos varias leyes, por ejemplo, la creación de un programa contra el negacionismo, la declaración de patrimonio histórico y cultural provincial a las sentencias y el material que integra los expedientes de los procesos judiciales de memoria, verdad y justicia.
También en materia de ambiente hemos impulsado varias iniciativas, en la que destaco que fuimos coautores de la adhesión a la Ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático. Impulsamos la creación del Ministerio de Ambiente, y lo logramos, aunque luego el gobernador Zdero bajó su jerarquía. También impulsamos la iniciativa que implicó la adhesión al Acuerdo de Escazú, sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
En materia de género impulsamos varias iniciativas, destacamos la sanción de la ley que tiene por objeto promover, desarrollar, garantizar y establecer políticas públicas destinadas a resolver el acceso a la vivienda para las personas de la población LGBTIQ+. Además, logramos incorporar, por ley, la perspectiva de género y diversidad en toda la información y estadísticas públicas del sistema estadístico provincial. Trabajamos e incorporamos iniciativas para varias leyes en materia de derechos laborales de trabajadorxs públicos, regímenes de licencias y protección laboral. Una de ellas es la de violencia de género para trabajadorxs de la educación.
-¿Qué propuestas tiene en mente para el futuro cercano?
-Estamos trabajando diversas iniciativas, algunas ya presentadas y otras en elaboración. Nuestra agenda aborda temas ambientales, la cuestión de género y diversidad, los derechos laborales y sociales y de acceso a los servicios públicos. La coyuntura es de emergencia y nos obliga a diseñar leyes de contención y resistencia al desmantelamiento del Estado que se está llevando adelante.
Por ejemplo, las políticas públicas para la atención de las violencias son un compromiso del Estado argentino en el marco de compromisos internacionales, y el Estado nacional ha desmantelado todas las áreas especializadas con ese fin, el Estado provincial las ha devaluado, por lo tanto, debemos trabajar un entramado legal protector. Algo parecido pasa con la precariedad laboral, las tarifas, el acceso a la educación y la salud. Y nuestro deber hoy es trabajar esa emergencia.
«Tender hacia la construcción
de un proyecto nacional»
-¿Qué medidas considera necesarias para fortalecer la autonomía de las provincias frente al gobierno nacional?
-La coordinación de los diferentes poderes del Estado de las provincias es clave. Tal vez, al existir diversidad política en las conducciones, se deban abordar los temas comunes, que fueran transversales, tal como lo hicieron las provincias del sur en materia petrolera. Unirnos por temas: tarifas, quita de subsidios al transporte, coparticipación. Eso podría ir generando afinidades y una unidad diferente.
Lo mejor sería la construcción de un proyecto nacional, nuestra provincia necesita insertarse en un proyecto -como lo fue en su oportunidad el del kirchnerismo- pero eso puede llevar tiempo.
-¿Qué rol cree que deben jugar los legisladores provinciales en la defensa de los intereses de sus provincias frente al gobierno nacional?
-En esta realidad, entiendo que tenemos la obligación, en primer lugar, de señalar y denunciar la gravedad de los acontecimientos que implican políticas de desguace del Estado que impulsa el gobierno de Milei. Siempre escuchar lo que la ciudadanía demanda y representarla lo más fielmente posible, para luego ir generando propuestas alternativas y mecanismos de unidad para tratar de superar la etapa.
«La ‘ley Bases’ perjudica
al pueblo argentino»
-¿Cómo ve la relación actual entre el gobierno nacional y las provincias en términos de cooperación y apoyo financiero?
-Muy mal. A pesar de que el gobierno provincial tiene un alineamiento prácticamente automático, el gobierno nacional maltrata al Chaco casi como a todas las provincias y lo podemos ver claramente, por ejemplo, en el castigo de las tarifas eléctricas o en la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
-¿Qué opinión tiene sobre la «ley Bases» promovida por el gobierno nacional y su impacto en la autonomía de las provincias? ¿Cree que favorecerá o perjudicará a las provincias en el largo plazo?
-La «ley Bases», de gran amplitud de espectro en cuanto a retroceso de derechos, perjudica en general al pueblo argentino y también a las provincias, se centra en un modelo extractivista y desnacionalizador. No puedo dejar de señalar que la eliminación de las moratorias previsionales perjudica fundamentalmente a las mujeres en el acceso a la jubilación.
En materia de autonomía de las provincias, la «ley Bases» las afecta notoriamente en varios aspectos. Uno muy notorio es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), que pone límites a las reformas que puedan hacer las provincias en materia de todo tipo de regulaciones -ambientales, impositivas, etcétera-, es violatorio de la Constitución Provincial y nos va a afectar negativamente.
-¿Cómo evalúa el desempeño del gobierno nacional en relación a la distribución de recursos y subsidios a las provincias?
-Como dije antes, el gobierno nacional desprecia a las provincias, la distribución de recursos -hoy- es la estrictamente obligatoria por coparticipación y luego se ha desentendido de todo: educación, salud, seguridad. Desmantela además la presencia nacional en las provincias.