La ministra de Seguridad explicó que el objetivo es garantizar la libre circulación en rutas y calles. «Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», había adelantado el vocero presidencial Manuel Adorni.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves «un protocolo para el mantenimiento del orden público» con el objetivo de asegurar la libre circulación en rutas y calles ante protestas que puedan derivar en piquetes o bloqueos.
Bullrich anunció en una presentación pública que todas las fuerzas federales van a intervenir para garantizar la aplicación del protocolo.
El anuncio fue realizado en el marco de la consigna «dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», y de cara a las protestas sociales ya anunciadas para la semana próxima.
En la mañana de este jueves, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el nuevo protocolo incluirá «sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos, que alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia».
El anuncio se conoce luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un «paro activo» en la Plaza de Mayo, como respuesta a «los anuncios» del ministro de Economía, Nicolás Caputo.
“Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”, afirmó la ministra de Seguridad, al comunicar que los agentes de las cuatro fuerzas del Estado actuarán en caso de bloqueos que impidan la circulación.
Patricia Bullrich
Según explicó Bullrich en conferencia de prensa, las cuatro fuerzas federales – Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) – estarán habilitadas por la nueva disposición para intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas que obstaculicen, total o parcialmente, la circulación del resto de los ciudadanos. A los integrantes de las citadas fuerzas se sumarán los miembros del Servicio Penitenciario Federal.
La ministra de Seguridad pidió además que las provincias, con las fuerzas locales, se sumen a la aplicación del nuevo protocolo.
Como primera medida, la orden del ministerio es que los agentes intervengan directamente, respaldados por las nuevas disposiciones, cada vez que algún ciudadano, por el motivo que sea, no permita que el resto circule. “Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia”, informó la funcionaria. Además, adelantó que planean mandar una ley al Congreso que consolide las nuevas reglas.
“Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”. alertó Bullrich. Así, la ministra reforzó el mensaje a las organizaciones que suelen protestar generando caos en el tránsito: esa modalidad de reclamo será combatida con la fuerza.
«El país no es solo la ciudad de Buenos Aires, en el caso del Chaco la situación es de marchas cotidianas, de roturas de vidrieras a comerciantes que se ganan la vida con su comercio todos los días».
Patricia Bullrich
Cómo se aplicará el protocolo
Según explicó la ministra de Seguridad, la intervención de los agentes se organizará según la zona de conflicto. Habrá sitios en los que intervengan las fuerzas federales y otros donde actúen los gobiernos locales. El protocolo busca coordinar el plan, para que toda la vía pública está custodiada ante las protestas.
Además habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse. “En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”, dijo Bullrich.
En caso de detenciones, Seguridad pedirá la intervención de la Justicia. “Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes . Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, explicó la ministra.
Por otro lado, en caso de participación de niños y adolescentes, se dará intervención a los organismos competentes y se sancionará a los tutores o quienes los lleven. “Los niños que deben estar en la escuela”, dijo la funcionaria.
Las sanciones
“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, dijo Bullrich.
Además, se creará un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos y que “sistemáticamente son los que hacen de voceros de estas manifestaciones”.
“Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan”, explicó Bullrich. El anuncio complementa lo establecido por el protocolo de seguridad que se comunicó durante la mañana, que busca dar un marco para organizar el cuidado de la vía pública.
“Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso”, inició su exposición la titular de la cartera de Seguridad. “El propósito de este protocolo es cumplir la ley. Como dice el Presidente: ‘el que las hace las paga’”, agregó.
“Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto, que ha hecho que la gente no haya podido llegar a sus trabajos, pierden horas, presentismos, hay problemas con ambulancias que no llegan a tiempo; y es hora de terminar con esta metodología que lo que hace es generar desorden absoluto”.
Cómo será la nueva forma de protestar
“Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas”, dijo Bullrich.
“No queremos cortes de calles, de rutas en el caso de jurisdicción federal. Ahora están viniendo las autoridades de CABA para tener una reunión para trabajar en conjunto temas de seguridad y orden público”, agregó.
Sobre la situación en las provincias dijo: “el Chaco es de marchas cotidianas, de rupturas de vidrieras a comerciantes; el puente Cipolletti de Neuquén se corta de manera permanente y la gente llega tarde a sus casas; tenemos cortes en muchas partes del país. Este es un protocolo que va a ir en consonancia con la ayuda y la decisión política que el gobierno nacional tiene y con los gobiernos provinciales que decidan trabajar en conjunto para que la Argentina se pacifique”, sostuvo.
Las repercusiones
«Se decidió realizar un paro activo el 20 con otros sectores, gente del movimiento obrero, sindicatos docentes, de la Unión Ferroviaria, ante los anuncios de Caputo, que son un ‘Rodrigazo’ brutal contra los trabajadores», confirmó el martes a Télam el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y finalmente la renuncia del exmandatario radical.
Durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, Bullrich -en el mismo cargo, al frente de la cartera de Seguridad- también había lanzado en febrero de 2016 un protocolo «antipiquetes» para evitar los cortes de tránsito en la vía pública.
El llamado «Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas» procuraba, entre otros objetivos, ordenar la circulación ante cortes de calles y rutas llevados a cabo por manifestantes.
En aquel momento, Bullrich había advertido que quienes protestaran tendrían «5 o 10 minutos» para desalojar los caminos, autopistas o rutas que cortaran antes de ser desalojados y, eventualmente, detenidos. «Si no se van, los sacamos», expresó en declaraciones periodísticas.
La medida, que según la ministra buscaba establecer «reglas claras para los funcionarios, los jueces y los manifestantes», fue cuestionada por dirigentes y organizaciones políticas y sociales, que alertaron que se trataba de una decisión que criminalizaba la protesta.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, mencionó en esa oportunidad que el Protocolo limitaba «de manera inconstitucional el derecho a la protesta», a la vez ampliaba «las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social» en la Argentina al colocar el «orden público por encima de todo».
El CELS también evaluó que se trataba de una medida incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
El Protocolo había sido puesto en conocimiento de los representantes de las provincias agrupados en el Consejo de Seguridad Interior nacional, pero no se tradujo en una resolución o disposición oficial que se publicara en el Boletín Oficial.
La decisión comunicada en su momento por Bullrich también regulaba el trabajo periodístico, porque establecía que la policía iba a indicar a los trabajadores de prensa dónde podían ubicarse de modo que “no interfieran con el procedimiento de seguridad. De ese modo, incidía en forma negativa sobre la libertad de expresión», resaltó el CELS en 2016.
Télam /Infobae